Si la policía ha registrado tu oficina y ha intervenido documentación, corres el riesgo de que se utilicen esos documentos como prueba, de paralización administrativa y de filtraciones que dañen la reputación. Consecuencias: pérdida de confianza de clientes, embargos o incoación de diligencias. Primeros pasos: no intentes recuperar ni alterar documentos, anota todo lo intervenido y solicita copia de diligencias; contacta con un abogado penal económico. El abogado revisará el acta de registro, valorará la legalidad de la intervención, solicitará medidas de protección de documentos sensibles y coordinará peritos contables para limitar el impacto probatorio. En un directorio de abogados especializados puedes encontrar profesionales que gestionen registros y protección documental.
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