Si la Agencia Tributaria inicia diligencias por IVA, afrontas multas, liquidaciones complementarias y riesgo de responsabilidad penal si se detecta fraude. Las consecuencias pueden ser sanciones económicas, embargos y averiguaciones sobre terceros implicados. Primeros pasos: reúne facturas, declaraciones y contratos intercomunitarios; no destruyas información y pide acceso al expediente. Un abogado penal económico analizará la operativa, trabajará con peritos para aclarar errores contables y planteará defensas técnicas para evitar la imputación penal. En un directorio de abogados especializados puedes encontrar profesionales que combinen fiscalidad y defensa penal.
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