Si se te acusa de fraude en subvenciones, te enfrentas a la devolución de fondos, sanciones y posible imputación penal por falsedad o estafa. Las consecuencias incluyen pérdida de subvenciones futuras y sanciones administrativas. Primeros pasos: preserva expedientes, contratos y justificantes de gasto; solicita copia del procedimiento administrativo. Un abogado penal económico evaluará la documentación, coordinará peritajes para justificar los gastos y si procede planteará defensa administrativa y penal. Encontrar un abogado con experiencia en subvenciones públicas puede marcar la diferencia en la estrategia de defensa y la mitigación de sanciones.
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